por Humberto Moreira
En una audiencia realizada este miércoles en el Juzgado de Garantía de Iquique, el fiscal Eduardo Ríos reformalizó la investigación en contra del Alcalde de Arica, Waldo Sankán Martínez, y de los funcionarios de Conadi, Cornelio Chipana y Eduardo Ramírez, sumando a los delitos de estafa y fraude al Fisco, los ilícitos de uso malicioso de instrumento privado y falsificación de instrumento público, respectivamente.
En la reformalización, la fiscalía señaló que el actuar de los ex funcionarios públicos Chipana Herrera (quien era subdirector nacional norte de Conadi), Eduardo Ramírez Cayo (encargado de la Unidad de Tierras y Aguas de la subdirección norte), Juan Huaranca Vara (supervisor de proyecto), y de Sankán Martínez, quien al momento de los hechos era representante legal de la consultora “Se emprende Solution Technology Tarapacá Ltda”, causó un perjuicio a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Éste, es ascendente a la suma total del proyecto denominado “Acciones de apoyo para el traspaso de predio fiscales y/o inmuebles fiscales a organizaciones indígenas de la provincia de Iquique año 2004”, es decir, 30 millones de pesos. Dicho monto es mayor al señalado en la última audiencia de formalización del año pasado.
Además, respecto de los profesionales que supuestamente trabajarían en el proyecto y que nunca lo hicieron, el imputado Sankán presentó sus declaraciones juradas con firmas falsas de dichos profesionales.
De igual forma, contrató a honorarios en calidad de procurador a su hermano Cristian Sankán Martínez, al que le fueron pagados parte de los fondos fiscales destinado a los profesionales, por un monto de 2 millones de pesos, contraviniendo la cláusula cuarta del convenio para la ejecución del proyecto.
La fiscalía explicó que, con ocasión del citado proyecto, los imputados Chipana Herrera, Ramírez Cayo y Huaranca Vara realizaron una serie de actuaciones con el propósito de defraudar al Fisco de Chile y obtener por parte de éste la liberación de boletas de garantía a favor de Sankán Martínez.
Para ello, los funcionarios de Conadi incumplieron maliciosamente los deberes que su cargo les imponían, omitiendo realizar labores de supervisión y control, y, por el contrario, emitiendo informes que daban por cumplidas las etapas del proyecto, sin que ello hubiere ocurrido realmente.
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