por Humberto Moreira
Trabajadores de la administración pública federal y local que acusan haber sido víctimas de fraude con créditos del Fovissste instalarán un plantón frente a las instalaciones de esa institución para exigir sean resueltos sus casos. Agrupados en la Unión de Trabajadores Afectados y Defraudados (UTAD) por el Fovissste, 600 trabajadores de diversas instituciones y dependencias hicieron públicas sus exigencias. En conferencia de prensa, el vocero de dicha agrupación, Mario Sánchez, explicó que son más de 4 mil personas en 20 dependencias las que fueron defraudadas, aunque la mayoría no quiere denunciar por temor a perder su trabajo o por amenazas. “Denunciamos ante la opinión pública el fraude que esa institución (Fovissste) y algunas constructoras han cometido en nuestra contra y que ha derivado en cobros indebidos de hasta 50 por ciento en nuestro salario, injustos procesos judiciales e, incluso, el encarcelamiento de varias compañeras y compañeros”, expresó. Detalló que la mecánica del fraude fue el otorgar los créditos superiores a sus capacidades de pago sin que ellos lo conocieran y que a los meses de aprobado se incluyó en el cobro a nómina una “demasía” con lo que se les descuenta hasta el 80 por ciento de su salario. Posteriormente, los propios trabajadores fueron acusados ante la Secretaría de la Función Pública por supuestamente haber modificado su nivel salarial y falsificar documentos para ello, por lo que, señaló el vocero de la UTAD, “es imposible para un trabajador o trabajadora defraudar a una institución que tiene toda nuestra información”. Ante esto, Sánchez dijo que el Fovissste y las constructoras pretenden que sean sólo los solicitantes quienes paguen por sus “actos de corrupción”, por lo que algunos ya han sido detenidos y obligados a pagar el restante de sus créditos como caución. “Nosotros no queremos que se nos condone la deuda, sólo buscamos que se respeten los términos del contrato original con un descuento del 30 por ciento de nuestro sueldo con el préstamo a 30 años”, comentó Lizbeth Escandón, quien dijo que teme por su trabajo. Por lo anterior, exigieron que se detengan las órdenes de aprehensión en contra de quienes no han pagado y las denuncias ante la SFP, el respeto a los plazos y montos de pagos del crédito, auditorías a fondo a los servidores públicos del Fovissste que autorizaron los préstamos y avalúos a los inmuebles que les fueron entregados, ya que, agregaron, están muy por debajo de lo que se les cobró. En rueda de prensa, Roberto, empleado del Gobierno del DF y quien pidió no ser identificado, relató que su salario es de mil 800 pesos quincenales y con la “demasía” se le descuentan mil 400 durante el mismo periodo. “¿Se imaginan?, qué puedo hacer yo con 400 pesos y cuatro personas dependen de mí. No sólo tenemos miedo de ir a la cárcel por no pagar, sino de perder nuestro empleo por parte de la Secretaría de la Función Pública”, abundó.
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