por Humberto Moreira
La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias informativas para esclarecer si notarios y registradores de la propiedad cobraron de más en la cancelación de créditos hipotecarios. Lo hace después de la denuncia presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Según el análisis de los consumidores, la cancelación de una hipoteca no debería suponer más de 70 euros de costes notariales, pero el importe medio de las facturas analizadas en 2010 asciende a 260 euros. En el trámite registral, la minuta debería ser de unos 24 euros, según la OCU, mientras que se ha pagado 144 euros de media. La Fiscalía matiza que la acusación no puede extrapolarse a la totalidad de los notarios y de las operaciones realizadas en 2010. Según la denuncia, hay «prácticas ilegales» en el 92% de las facturas, por lo que, el exceso de facturación podría elevarse a unos 93 millones de euros. Los consumidores reclaman que se devuelva íntegramente esta cantidad. Ayer el Consejo General del Notariado reconoció, en un comunicado, la existencia de reclamaciones por la cancelación de hipotecas. Aseguró que desde 2007 los colegios notariales han resuelto, casi sin excepción, a favor de los ciudadanos «las limitadas reclamaciones» que se han presentado sobre cancelaciones hipotecarias. Tanto la OCU como el Consejo General del Notariado coinciden en que los notarios deben aplicar la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado según la cual, la cancelación de un préstamo es un documento sin cuantía. Sin embargo, notarios y registradores que no lo han aplicado alegan que esa norma está pendiente aún de la interpretación de los tribunales.93 millones de euros de más
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