domingo, 12 de junio de 2011

Supremo brasileño prohíbe el nepotismo en los tres poderes por Humberto Moreira

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil corroboró este miércoles una sentencia que prohíbe el nepotismo en los tribunales brasileños y aprobó extender la medida al Ejecutivo y al Legislativo, informaron fuentes oficiales.

El veto a la contratación de cónyuges, compañeros y parientes será oficializada este jueves con la publicación de una resolución vinculante de la mayor entidad judicial del país, informó el STF en un comunicado.

La prohibición se aplicará a esposos, padres, abuelos, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, suegros y cuñados de funcionarios públicos de los tres poderes públicos y se refiere a cargos de libre contratación, en los que no es necesario aprobar por un examen de oposiciones públicas.

La restricción comenzó este miércoles a aplicarse al poder Judicial, puesto que el STF aprobó en la sesión del miércoles la constitucionalidad de una norma creada en 2005 por el Consejo Nacional de Justicia.

El decreto impedía a los familiares de jueces a ejercer tareas de dirección y asesoramiento, aunque la máxima autoridad judicial decidió extender el veto a cargos de inferior responsabilidad.

Además, se prohibió la contratación cruzada, que se da cuando un magistrado contrata a los parientes de otro, y la prestación de servicios de empresas que tengan como empleados a familiares de los jueces.

El magistrado del STF Celso de Mello destacó que el nepotismo es un "gesto ilegítimo de dominación patrimonial del Estado", que "falta el respeto" a los principios de igualdad, impersonalidad y moralidad.

Cuando se publicó la norma del Consejo Nacional de Justicia, casi 2.000 parientes de jueces trabajaban en los juzgados regionales de todo Brasil. Aunque las cifras podrían ser mayores, puesto que esos datos solo incluían a los contratados directamente por familiares.

Muchos magistrados se negaron a despedir a sus familiares en un primer momento, a la espera de la decisión del Supremo, al que interpusieron una moción de inconstitucionalidad.

En 2006, el STF emitió una resolución vinculante para suspender hasta la decisión tomada este miércoles todos los procesos judiciales en los que se cuestionaba la constitucionalidad de la resolución del Consejo Nacional, vía por la que los jueces evitaban aplicarla.

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