miércoles, 10 de agosto de 2011

Humberto Moreira : Fraude investigan millonario fraude de tierras

por Humberto Moreira 

 

La Fiscalía de Esquel investiga un negocio inmobiliario que se tramaba en una zona denominada Río Tigre, lugar paradisíaco del área de Cholila en dirección a la cordillera límite con Chile. El tema hará eclosión la otra semana cuando el Ministerio Público Fiscal brinde detalles de los resultados de procedimientos que se vienen realizando, con allanamientos incluidos. En la maniobra estaría involucrado un funcionario del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, se estaría ante un acto de corrupción en la administración de tierras fiscales.

Marcelo Macayo es el querellante que patrocina a la familia perjudicada en un negociado que al parecer estaba a punto de concretarse. La causa es conocida como “Río Tigre”, y comprende tierras de jurisdicción provincial que son administradas por el IAC. “Mi cliente es Aldo Gérez, que tiene una ocupación que es continuación de lo que fuera propiedad de su abuelo Cecilio Gérez, uno de los primeros pobladores de Cholila, y de su padre Claro del Pilar Gérez”. Además de Aldo, esos campos son ocupados también por su hermano Tomás Gérez, y entre esas extensiones está el sector denominado Río Tigre, donde nace la cuenca del río Futaleufú, un sitio paradisíaco y muy preciado, al que se llega en seis horas a lomo de caballo hacia la Cordillera.

La trama de la causa

Según Macayo, tomaron conocimiento con su cliente que se había presentado una mensura en la Dirección de Catastro, en el expediente de Luis Gérez, pariente de Aldo Gérez, incluyendo 300 hectáreas que son ocupadas por la familia de éste último, y están del otro lado del río Alerce. Esa mensura es la que destapa una maniobra nada legal, con el agravante de que el expediente estaba avanzado y ya se había pedido autorización para vender, que recibió el visto bueno del IAC. “Es por eso que se tomó la determinación de ir a la Fiscalía y hacer la denuncia”, afirmó Macayo.

La venta de las hectáreas, que terminaron siendo 1.300, se hizo con intervención de un agente inmobiliario de Epuyén. La sorpresa es que la operación se realizó a favor de la esposa de ese agente inmobiliario, que se convirtió en “presta nombre”, como lo habría considerado la Fiscalía. Esa mujer en el IAC aparece como compradora de las tierras y de las investigaciones surgió que detrás de esa transacción había un negocio mucho más grande, a través de contactos con inversores extranjeros, más concretamente de Estados Unidos, con la participación de otras inmobiliarias de Villa La Angostura y de Buenos Aires.

El primer negocio, con la “presta nombre” como compradora, se hizo por el irrisorio monto de 98.000 pesos por 1.300 hectáreas, algo así como 74 pesos por hectárea. Pero el negocio “grosso” estaba en gestación por 700 hectáreas, a 2,5 millones de dólares, y es el motivo de la investigación de Fiscalía. La gente involucrada con la operación inmobiliaria ya fue citada y se les pidió que designen defensor. En los próximos días se presentará el caso formalmente y se comunicará la imputación a los intervinientes en el negocio.

Para Macayo, nada de esto se podría haber logrado sin una vinculación dentro del IAC, y esta es la otra pata de la investigación: “Se ha descubierto un caso de corrupción en el IAC, con un importante funcionario imputado o será imputado, y es quien tenía dentro del organismo la administración de tierras fiscales”.

¿Y el municipio?

Si bien la Municipalidad de Cholila no está involucrada, se investiga a un empleado que tuvo algo que ver porque estaba beneficiado con el plano de mensura presentado. De hecho el agrimensor que la realizó dejó constancia que cierto lugar de las 300 hectáreas que le estaban arrebatando a Aldo Gérez eran una ocupación de ese dependiente del municipio.

La Fiscalía baraja la hipótesis de que ese empleado municipal era parte de la maniobra, y paradójicamente, es sobrino del cliente de Marcelo Macayo, situación que se podría interpretar aprovechó para pretender tomarle tierras de Río Tigre a Aldo Gérez.

El agrimensor es de Esquel, el más antiguo, según el entrevistado, cometió un papelón al haber cometido un error al mensurar, porque sabiendo que el límite natural era el río Alerce, lo cruzó y anotó 300 hectáreas en el expediente de Luis Gérez, dejando constancia que eran ocupación del empleado municipal, que a su vez en 2006 hizo una presentación en el expediente del IAC, patrocinado por el abogado de la Municipalidad de Cholila.

Hace quince días se ordenaron 6 allanamientos en Esquel, en Cholila y en otros lugares del país, con resultados altamente positivos, comentó Macayo a este diario y agregó que tienen cifradas expectativas de que todo va por un buen camino, y espera la llamada Audiencia 274 y se llegue al hueso de la cuestión.

También apurarán el expediente de mensura de su cliente iniciado en 2006 para tener la escritura de las tierras, porque “mientras nuestra documentación iba por la escalera, el otro expediente lo hacía por ascensor, ya se había negociado, y encima nos sacaron 300 hectáreas”.

A priori la Fiscalía interpretaría que se está ante una defraudación contra el Estado provincial en grado de tentativa, porque no hay pruebas que acrediten que el negocio se haya cerrado, pero no se descarta que cuando se conozcan detalles de las investigaciones así lo demuestren, estando la hipótesis que el inversor extranjero tal vez entregó una seña para hacer el negocio, en cuyo marco se habrían llevado a cabo reuniones en Buenos Aires, con presencia de asesores del americano supuesto comprador, y gente de esta zona, escribano incluido. “Tuvimos la fortuna de enterarnos de casualidad de cómo se cocinaba el expediente mientras tramitábamos el de mi cliente. Ese negocio iba en una Ferrari y nosotros en carreta”.

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