miércoles, 24 de agosto de 2011

Blog Moreira : Zetas piden desaparecer Iniciativa Mérida

Por Humberto Moreira

 

Ochenta y tres integrantes de la organización delictiva “Los Zetas” detenidos y 26 cuerpos entregados a sus familiares, es el resultado de las investigaciones que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) a un año de la masacre de 72 indocumentados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Dicho balance fue dado a conocer por la dependencia federal, donde se explicó que este se deriva de las indagatorias llevadas a cabo desde el pasado 2 de abril, cuando la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) atrajo el caso.

Respecto a los probables responsables se indicó que estos están encarcelados en penales federales y sujetos a proceso por privación ilegal de la libertad, homicidio y delincuencia organizada; mientras que Édgar Huerta Montiel, "El Wache" o "El Guache", está sujeto a la medida cautelar de arraigo.

La PGR detalló que entre los procesados están Martín Omar Estrada de la Mora, "El Kilo", y su pareja sentimental Fabiola Saray Díaz Arroyo, "La Muñeca" o "Fila", por quienes la procuraduría ofrecía una recompensas de 15 y 5 millones de pesos, respectivamente.

Por su alto grado de peligrosidad también figuran líderes de “Los Zetas” como Esvi Leonel Batres Hernández o Esvin Leonel Batres Hernández, "El Gato", y Johnny Torres Andrade, "La Sombra"; así como 17 policías de San Fernando, quienes proporcionaban protección a sicarios, o bien encubrían o participaban en los secuestros.

La PGR a través de un comunicado, recordó que las fuerzas federales hallaron en 47 fosas clandestinas atribuidas a Los Zetas 193 cuerpos de personas que viajaban, en su mayoría, a la frontera con Estados Unidos a bordo de autobuses de líneas comerciales.

Y que del total de cadáveres encontrados, 120 fueron trasladados del Servicio Médico Forense de Matamoros al del Distrito Federal, previa realización de estudios de ADN, de dactiloscopia y de antropología, odontología y medicina forenses, y en algunos casos de antropometría forense, entre otras pruebas.

En el documento, la dependencia indicó que de los 26 fallecidos entregados, ocho procedían de Guanajuato, cinco de Michoacán, tres de Querétaro, dos de Tlaxcala, dos de Guerrero, dos del Estado de México, uno de Guatemala, uno de Chiapas, uno de Tamaulipas y uno de Zacatecas.

"Están por entregarse cinco cuerpos más en los próximos días, una vez cumplidas las diligencias ministeriales necesarias con sus familiares", adelantó procuraduría.

A su vez para identificar a personas quienes han sido reportadas como desaparecidas, se han solicitado y recibido muestras de sangre, saliva y cabello de las familias que han denunciado la desaparición de consanguíneos, y se ha establecido coordinación con las Procuradurías estatales de todo el País para que remitan al Laboratorio Central de la PGR muestras que en el futuro permitan identificar los demás cuerpos.

"Con base en las líneas de trabajo surgidas de las diligencias ministeriales a cargo de la SIEDO y con el apoyo pericial, las investigaciones continúan", dicta el texto.

Por su parte, activistas y sacerdotes defensores de los derechos de los migrantes cuestionaron a los tres niveles de gobierno por estos hechos por los que, hasta ahora, nadie ha sido sentenciado.

Razón por lo que el Tribunal de los Pueblos en Movimiento pidió clasificar los homicidios como "crimen genocida" y "crimen de Estado".

En tanto, el director del Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria", Miguel Concha, en rueda de prensa dijo que era " una vergüenza que no haya ningún 'Zeta' detenido que haya recibido castigo" por la masacre de 2010 en San Fernando, Tamaulipas.

Además, condenó y pidió que se cancele la Iniciativa Mérida, el plan de cooperación anticrimen de México y EE.UU. vigente desde 2007, que en su opinión "ata la autodeterminación" de su país "en sus políticas migratorias a los intereses, no de México", sino de Washington.

Al respecto el coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana en la región Pacífico Sur de México, el padre Alejandro Solalinde, consideró que el Plan Mérida "es un puñal en medio de las relaciones de México con sus hermanos del sur", en alusión a otras naciones latinoamericanas, ya que condenó los abusos y la xenofobia contra los indocumentados que hay en su país.

"Somos hipócritas. No puede ser que seamos católicos y muy guadalupanos, y estemos chingando (jodiendo) todo el tiempo a nuestros hermanos de aquí y de allá, pero sobre todo a los que vienen del sur, nuestros hermanos migrantes", agregó.

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