por Humberto Moreira
El Estado y los gobiernos viven la paradoja de disolver su propio monopolio legal de violencia en aras de preservarlo. Los paramilitares desarrollan una especie de outsourcing a la impotente violencia oficial. “No se olvida” El paramilitarismo es un fenómeno social confuso y heterogéneo. Las condiciones que lo propician remiten invariablemente a un Estado débil y en descomposición. Institucionalidad que falla en el control del monopolio de la fuerza armada, la tributación, el control de territorios y en el mantenimiento de estándares de seguridad. Los paramilitares tienen un origen (socio-histórico) de carácter societal (criminal o de organizaciones de la sociedad). (A) De los márgenes ilegales de la trama social y el crimen organizado han surgido —en la actual coyuntura— grupos paramilitares, que han impuesto prácticas, modos de reclutamiento, organización y mando, entrenamiento y cultura de grupo en los enfrentamientos armados intra-criminales y los que ocurren contra el Ejército, Marina y PFP. Los Zetas y como reflejo los Kaibilesguatemaltecos, contratados por sus rivales, impusieron modalidades paramilitares como condición de eficacia y sobrevivencia. (B) También se han gestado o contratado grupos que se presentan como protectores de la sociedad y el pueblo ante la ineficacia estatal; su reclutamiento proviene de las filas criminales o de cuadros militares y policiales. Sectores sociales afectados por la inseguridad o la violencia alientan y financian esos grupos. Ante las falencias estatales, la inseguridad y la incertidumbre crecientes, los privados compran protección y seguridad a estos grupos. No obstante provenir de sectores de la sociedad civil, este paramilitarismo es intrínsecamente incivil, más allá de la experiencia histórica que indica que esos grupos, más temprano que tarde, habrán de volverse contra sus patrocinadores, pactar o aliarse con las bandas criminales adversarias, competir con ellas y de ser posible sustituirlas. (C) Pero también es reconocido el paramilitarismo prohijado desde el Estado (municipal, estatal o federal). Mediante esos grupos se procura una presunta eficacia, toda vez la justificación de sus fracasos en virtud de los límites y frenos que las leyes y la lógica de los Derechos Humanos le imponen a las fuerzas del orden. El Estado y los gobiernos viven la paradoja de disolver su propio monopolio legal de violencia en aras de preservarlo. Los paramilitares desarrollan una especie de outsourcing a la impotente violencia oficial. Obviamente, estos tipos de paramilitarismo se entreveran, transmutan, traicionan, se alían y sustituyen entre sí, siendo sumamente difícil su detección o adscripción precisa. Siempre existe en torno a esos grupos un cierto halo de misterio. La desinformación en torno a ellos es uno de sus aliados. El ocultamiento deliberado o estúpido del paramilitarismoo, ya asentado y en despliegue como forma dominante en el conflicto armado interno (de nuevo tipo), es un comportamiento político y mediático irresponsable. Y como en este asunto se habla de una cuestión pública que atañe gravemente a la sociedad en su conjunto, entonces, hablamos de una conducta inmoral. Ya se sabe, en cuestiones de política contemporánea los valores éticos que orientan las acciones del gobierno o de las entidades privadas con funciones, compromisos y consecuencias públicas, no son determinadas por las convicciones sino por las responsabilidades. Ética de responsabilidad y no de convicciones vinculadas al bien o a la verdad (irrefutada proposición canónicamente formulada por Weber). El gobierno del presidente Calderón ha sido omiso en ofrecer información respecto del fenómeno paramilitar, con la complicidad de muchos medios de comunicación. El asunto se ha destapado. Información acallada sale a la luz. Pese a ello, la información oficial se ha aferrado ingenua y tercamente en negar los hechos. Calderón, De la Sota, Blake (el más melifluo), el tormentoso gobernador Duarte, ante evidencias empíricas, razonables deducciones y contradicciones flagrantes insisten en su negativa; por más que sus pronunciamientos, propaganda y orientación ideológico-cultural los indiquen como promotores conscientes o condescendientes del fenómeno. Esa actitud genera mayor preocupación todavía. Si la precipitación y el atolondramiento reactivo del gobierno ha provocado un alto costo histórico al país (muertos, daños colaterales, regresiones autoritarias y en derechos humanos, encrucijadas políticas y legales a las fuerzas armadas, afectaciones a la economía, etc.); el obcecado desconocimiento de la situación real presagia patologías y daños mayores. El paramilitarismo, de la matriz que sea, atiza la violencia, eleva sus grados de crueldad, lastima a la sociedad y contribuye a la inestabilidad política. Es un grave riesgo para el orden político y, en el contexto electoral, se conforma como un desafío radical a la ya de suyo precaria democracia. Dijo el viejo Marx: importa lo que hacen, no lo que creen que hacen.
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