por Humberto Moreira
Desde el mes de agosto de 2010 el gobierno de Felipe Calderón había negado una y otra vez la existencia de grupos paramilitares dedicados a combatir y exterminar a integrantes de los cárteles de la droga. Incluso el secretario de Gobernación, Francisco Blake, eludió calificar como paramilitares a los autodenominados Matazetas que aparecieron en internet, e informó que se abrió en la Procuraduría General de la República (PGR) un expediente para investigar el caso.
Pero para el senador del Partido del Trabajo (PT) y ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, la presencia de grupos paramilitares no es nueva. Tiene años y no es exclusiva de este sexenio, dice en entrevista con M Semanal quien desde hace más de tres meses reinició una investigación a escala federal para documentar el fenómeno del paramilitarismo y la presencia de estos grupos en entidades como Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Veracruz. Sin embargo, a Monreal lo refuta el especialista en seguridad nacional Raúl Benítez Manaut, fundador del Colectivo de Análisis por la Seguridad con Democracia (Casede) y ponente desde hace varios años en el Colegio de Defensa Nacional (CDN) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) de la Secretaría de Marina (Semar), además de catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien asegura que “es una irresponsabilidad calificar como paramilitares a grupos de sicarios dedicados a eliminar a otros sicarios”. No hay tal fenómeno de paramilitarismo en México, señala Benítez al referirse a la aparición de Los Matazetas: “Lo que sí tenemos es una utilización muy cuidadosa de los medios de comunicación y de las redes sociales por parte de estos grupos criminales, que logran un impacto mediático muy estudiado; pero de ahí a decir que estamos ante el fenómeno del paramilitarismo, no hay tal”.Porque los grupos paramilitares son los que están vinculados al Estado a pesar de dedicarse a actividades criminales, actuando en forma encubierta al operar con métodos al margen de la ley. Es el caso de los Escuadrones de la muerte en Guatemala, El Salvador o en Colombia. Los Matazetas no serían por tanto un grupo paramilitar, sino “un escuadrón de sicarios del cártel de Sinaloa bajo la orden de atacar a Los Zetas”, sostiene Benítez Manaut. Usar la palabra “paramilitares” es descontextualizar las cosas, dice. “Lo verdaderamente delicado es que esta gente sí muestra una estrategia y además sabe usar los recursos tecnológicos para causar impacto sin necesidad de actuar todo el tiempo”, añade.
LAS PRUEBAS
Sin embargo, el asesinato de al menos 35 personas presuntamente ligadas a Los Zetas ocurrida el pasado 20 de septiembre en Veracruz, es una prueba más de la existencia de grupos paramilitares, insiste Monreal, quien sigue adelante con su investigación en la que ha solicitado informes directos a la Sedena, la Semar, la PGR, la Policía Federal (PF) y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para tener un panorama completo de este fenómeno. El pasado martes 27 de septiembre Monreal le entregó a la canciller Patricia Espinosa un documento en el que le solicita información detallada y actualizada para saber cuántos mercenarios han ingresado a México en los últimos años, ya sea de manera individual o en grupo, o para trabajar para alguna empresa de seguridad. “Ésa es, en estos momentos, la fase en la que estamos en la investigación, porque también hay elementos para señalar que ex militares, gente que ha peleado en otros países, han estado aquí como instructores o en funciones de adiestramiento, y queremos saber cuándo y en dónde”, explica. En cuanto a las Fuerzas Armadas mexicanas, el legislador dice que el fenómeno de la deserción de militares y marinos es un tema fundamental para avanzar en la investigación, porque con ello se podría explicar una parte muy importante del paramilitarismo, que se nutre en buena medida de desertores.
Pero el Quinto Informe de Labores de la Sedena señala que medidas como el cambio de adscripción por tratamiento médico y el otorgamiento de licencias por el matrimonio entre militares son factores que han permitido reducir sustancialmente el fenómeno de la deserción entre la tropa. “Con las medidas descritas, se permitió fortalecer e incrementar la moral y el espíritu de cuerpo del personal que integra el instituto armado, y se contribuye a consolidar su sentido de identidad, lo cual se demuestra con la disminución del índice de deserción, donde el promedio anual de desertores en la pasada administración era de 17 mil 859 casos; lo que comparado con los dos mil 929 casos ocurridos en 2011 representa un decremento superior al 83 por ciento”, indica el documento.
SÍ… PERO NO
“Ante hechos como los de Veracruz, el gobierno federal ha reconocido esta semana, a través del secretario de Gobernación, Francisco Blake, la existencia de grupos armados a modo de escuadrones de limpieza, por lo menos en el caso de las operaciones para acabar con Los Zetas”, dice Monreal. Las palabras de Blake fueron respuesta al video que Los Matazetas subieron a YouTube atribuyéndose el plagio y la ejecución de los presuntos Zetas arrojados horas antes de efectuarse el XI Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de Procuradores de Justicia del país en Boca del Río, Veracruz. El funcionario federal citó a una inesperada conferencia de prensa el 27 de septiembre, en la que, al establecer la postura del gobierno federal sobre la aparición del grupo de aniquilación contra Los Zetas, reconocía la existencia de este tipo de organizaciones al señalar que “cualquier otra expresión al margen de la ley que pretenda erigirse en combatiente del crimen carece de la legitimidad necesaria, y con independencia de la causa o motivación, enfrentará la fuerza del Estado”.
El 28 de septiembre la vocera de la Presidencia de la República en materia de seguridad nacional, Alejandra Sota, reafirmaba que no hay grupos paramilitares en México y que Los Matazetas no son sino sicarios en guerra contra otros sicarios de cárteles rivales. La aparición de este grupo de ejecutores que se atribuyó en videos la ejecución y colocación de los cuerpos de al menos 35 personas en la principal zona turística del puerto de Veracruz, fue vista por la vocera como una parte de la disputa entre organizaciones criminales para lograr el control del paso más codiciado de drogas, armas, personas, dinero, mercancías y comercio legal en la zona del Golfo. “Es eso, y no la aparición de un grupo paramilitar”, dijo Sota en conferencia de prensa y luego en entrevistas, precisando el punto de vista de Los Pinos en torno al tema.
EL ALCALDE Y SUS RUDOS
Pero grupos paramilitares que sí han sido creados bajo el auspicio de autoridades de cualquiera de los tres niveles de gobierno, o bien por otros actores sociales, se han desempeñado en ocasiones bajo la mirada complaciente de las mismas autoridades, hasta que su actuación es cortada de tajo, como lo hizo en 2010 la Armada de México en San Pedro Garza García, Nuevo León, al detener a miembros del Grupo Rudo, creado en 2009 por el alcalde panista Mauricio Fernández Garza para contener la violencia del crimen organizado que comenzaba a asolar Monterrey y su área metropolitana.
El 28 de septiembre de 2009 el alcalde de San Pedro Garza García adelantó, en entrevista con MILENIO Diario, la creación de un grupo de inteligencia municipal que se encargaría de combatir al crimen organizado y de limpiar el municipio en unos seis meses. Transcurrido ese tiempo, decía Fernández Garza, “los secuestros, las extorsiones y los levantones serán historia”. Para lograrlo, compraría equipo de espionaje ruso, pondría en marcha una policía de proximidad, crearía bases de datos de taxistas, de personal de servicio doméstico y de todas las transacciones inmobiliarias y, como plato fuerte para atacar la criminalidad de manera frontal, el panista anunciaba, sin mayores detalles, la creación de un “comando” que se encargará de “las cosas complicadas”.
El comando, conocido después como Grupo Duro o Grupo Rudo, entró de inmediato en operaciones. El 31 de octubre de ese año apareció en la Ciudad de México el cuerpo de un hombre ejecutado en el interior de un vehículo. Estaba maniatado con cinta aislante, al parecer había sido asfixiado y rematado a tiros junto con tres acompañantes. El ejecutado era Héctor El Negro Saldaña Perales, identificado como principal operador del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en Monterrey, y a quien se ubicaba como uno de los más activos secuestradores en San Pedro Garza García. Su cuerpo y los de sus acompañantes estaban en una camioneta Equinox Chevrolet, estacionada en la esquina de las calles General Sóstenes Rocha y Periférico Poniente, cerca de la residencia oficial de Los Pinos. La camioneta fue hallada alrededor de las cinco de la tarde.
Ese mismo día, cuatro horas antes, en la ceremonia de su toma de posesión y mientras las autoridades capitalinas iniciaban las primeras investigaciones para saber quiénes eran las personas ejecutadas a bordo de un vehículo con placas de Nuevo León (SGV-4591, a nombre de Karla Ivonne Ramos de la Garza), el alcalde panista anunciaba a los reporteros los detalles completos del hallazgo en la capital del país. “Miren, me dicen que acaba de ocurrir esto en la Ciudad de México”, comentaba, para luego confirmar datos hasta entonces desconocidos para la policía judicial del Distrito Federal (DF), como era la identidad precisa de las víctimas. El asunto era que la noticia de la ejecución de El Negro Saldaña fue difundida por Fernández Garza cuatro horas antes de que las autoridades en el DF informaran del hallazgo de los cuerpos y sin saber aún de quiénes se trataba.
“¿Cómo se enteró?, ¿quién le pasó la información?” se le preguntó más tarde. Fernández Garza intentó explicar la manera en que supo los detalles de la ejecución múltiple adjudicándole al gobierno estatal la información; pero el cuatro de noviembre el gobernador Rodrigo Medina negó ante los medios haber tenido detalle alguno sobre la muerte de Saldaña y sus acompañantes, y mucho menos haberle proporcionado información alguna a Fernández Garza. La PGR atrajo el caso y citó en cuatro ocasiones a Fernández Garza como testigo para que declarara sobre sus dichos y cómo es que estaba enterado de detalles que los cuerpos policiacos y el Ministerio Público aún no conocían.
A finales de 2009, la Armada de México intensificó sus operaciones en Nuevo León, particularmente en San Pedro Garza García, dándole seguimiento no sólo a la actividad de los cárteles de Sinaloa, del Golfo y de Los Zetas, sino también al Grupo Rudo creado por el alcalde panista. Allí, entre junio y agosto de 2010, la Marina Armada efectuó dos operaciones relevantes, en las que capturó a ocho personas ligadas al cártel de los Beltrán Leyva, pero también al Grupo Rudo. Uno de los detenidos era Rafael Valdés Aviñaga, La Pantera, líder del comando con el que el alcalde intentó combatir al crimen organizado en su municipio.
A pesar de lo anterior, el pasado 28 de septiembre, tras la aparición del video de Los Matazetas, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, rechazaba la existencia de paramilitares en su entidad. Interrogado sobre las posturas oficiales, el senador Monreal esboza una leve sonrisa al recordar las palabras del secretario de Gobernación, y asegura que “la PGR y otras instancias ya han abierto averiguaciones previas en torno a ellos (los grupos paramilitares). Si no hubiera estos grupos, ¿para qué iniciar averiguaciones?”, añade Monreal.
Una de estas averiguaciones es la AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/282/2010, citada por la Marina en su comunicado 154/2010, dice: “El Grupo Rudo —integrado por 20 elementos cuyos sueldos fueron cubiertos por 10 empresarios de Nuevo León quienes aportaban 100 mil pesos mensuales— fue disuelto oficialmente el 21 de abril de 2010, fecha en la que el alcalde Mauricio Fernández anunciaba que el comando dejaba de operar porque ya había cumplido las funciones para las que había sido creado. Tres meses después la Marina detuvo a cerca de la mitad de sus integrantes, todos ligados al crimen organizado”.
Mantienen la Marina Armada y el Ejército confianza de ciudadanos
Los niveles de aceptación que entre la ciudadanía tiene la actuación de las Fuerzas Armadas se mantienen casi iguales que en 2007, al inicio de la administración del presidente Felipe Calderón. La Encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia, Cidena 2011, elaborada por el Colectivo de Análisis para Seguridad con Democracia (Casede) y presentada la semana pasada, muestra los niveles de aprobación y desaprobación de la ciudadanía hacia la administración del presidente Calderón en poco más de cinco años de gestión.
Hecha a escala nacional pero eligiendo estados tipo para caracterizar datos como el de los niveles de violencia, en la encuesta destacan tres áreas: la aprobación a la administración del Presidente, la aceptación de la labor del Ejército y la Marina Armada en el combate a los cárteles de la droga, y la desconfianza y el miedo en que viven los mexicanos hoy. Los estados tipo seleccionados para el muestreo coordinado por Raúl Benítez Manaut son Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán
y Nuevo León.
El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos aparecen con 72 por ciento de aprobación a nivel nacional, sumando los criterios de Aprueba Mucho (39 por ciento) y Aprueba Algo (33 por ciento). Le siguen los criterios de Ni Aprueba, Ni Desaprueba (12 por ciento), Desaprueba Poco (12 por ciento) y Desaprueba Totalmente (cinco por ciento). En Nuevo León, los militares aparecen con la más alta calificación ciudadana, alcanzando 61 por ciento de Aprueba Mucho, 19 por ciento de Aprueba Algo, nueve por ciento de Ni aprueba Ni desaprueba, seis por ciento de Desaprueba Poco y cinco por ciento de Desaprueba Mucho.
En Chihuahua, en donde el Ejército y la Fuerza Aérea tuvieron una actuación polémica por los centenares de abusos denunciados por la población civil dentro y fuera del país, los militares sólo alcanzaron un 10 por ciento de Aprueba Mucho, y 37 por ciento de Aprueba Algo. El resto de los porcentajes les fueron desfavorables en comparación con el total nacional y con lo obtenido en otras entidades.
La Marina Armada de México tuvo, a nivel nacional, una aprobación de 69 por ciento, con 39 por ciento para la categoría de Aprueba Algo y 33 por ciento para Aprueba Mucho. Las mejores calificaciones para los marinos se obtuvieron en Nuevo León, con 61 por ciento de Aprueba Mucho (igual al alcanzado por el Ejército) y 20 por ciento de Aprueba Algo, con lo que supera en promedio la percepción que la ciudadanía tiene sobre el trabajo de las Fuerzas Armadas en ese estado.
En contraparte, sólo ocho por ciento de la población de Chihuahua calificó con Aprueba Mucho el trabajo de los marinos contra el crimen organizado en esa entidad; en cuanto al Distrito Federal, las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional aparecen en las mediciones con las calificaciones más bajas: el Ejército tiene 10 por ciento de Desaprueba Mucho y la Marina nueve por ciento en el mismo rubro. Ambas instituciones están en promedio apenas dos puntos por debajo de las mediciones que diversas encuestadoras hicieron de ellas en enero de 2007, cuando aparecían con 74 por ciento de aprobación a nivel nacional. La medición se llevó a cabo del 10 de mayo al nueve de junio de 2011.
Jorge Alejandro Medellín
